Los
sistemas previsionales tienen como objetivo, proveer de recursos financieros y atención
médica a los sectores poblacionales, que por diversos motivos o circunstancias
las ameriten, estos sistemas presiónales son políticas públicas que buscan
responder a los principios y objetivos de la seguridad social. Todo esto nunca hubiera
sido posible si detrás de todos los beneficios que tenemos como trabajadores,
activos o pasivos, no hubiera existido una larga lucha para llegar a tener todo
lo que en estos días podemos disponer a nuestro servicio o necesidades, lo que
no quiere decir que sean suficientes, sino que más bien necesario y que
entendemos que es un proceso natural el cómo se van dando las cosas. Si nos
remontamos a tiempos anteriores como por ejemplo en 1880 cuando a través de la
explotación del salitre en Chile, se logra la expansión del comercio, la industria, la agricultura
y el aparato estatal, lo que a su vez este mismo auge en la minería contribuyo al surgimiento de un proletariado industrial,
en definitiva fue la base para un conjunto de trasformaciones sociales y
políticas que cambiarían al país.
Con
todo lo anterior es en el año 1919 cuando Chile entra a formar parte de las
tantas naciones que firman el protocolo
de acuerdo que creaba la OIT lo que marca de otra manera el inicio del
movimiento para reglamentar internacionalmente las condiciones laborales. Es
así como en el año 1924 se crean Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja
de Previsión de Empleados Particulares y más adelante la Caja de Empleados
Públicos, todo esto en el contexto que era el estado quien centra gran parte de
sus esfuerzos en diseñar un sistema de previsión que asegurara una mejor
calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores.
Llegamos así al año 1952 donde
se reformo este sistema, a través de la creación del Servicio del Seguro Social
y el Servicio Nacional de Salud, ambos dependientes de las contribuciones de
los afiliados al sistema de previsión social.
Para los antiguos miembros
del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la
pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las
pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en
salud. Asimismo, el régimen de reparto fue aplicado también a los empleados
particulares y, en el caso específico de obreras y empleadas, se les dejó de
exigir un número de años de servicio y se rebajó a 60 años la edad de
jubilación.
Este
sistema persistió, con ciertas modificaciones, hasta inicios de la década de
1980, cuando se crea la Constitución política de la República de Chile. Además
el año 1968, se publica la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, que viene suplir en temas de accidente que a ese momento aún
estaba muy en el aire de la precisión en este caso de contingencias. Quedando
solo temas de desvinculación laboral pendiente, lo que en octubre del 2002
queda saneado con la creación del seguro de cesantía el cual operaba a todo
envento y consideraba tanto a los trabajadores de carácter indefinido como a
aquellos que poseían un contrato de plazo fijo, dejándolo en igualdad de
condiciones al momento de ser despedido o al momento de querer buscar nuevas
fuentes laborales.
Finalmente
es el año 2008 se crea la ley 20.255 en donde aparte de las modificaciones al
sistema de pensiones y seguridad social entra en juego las personas que muchas
veces no se consideraban al momento de la ocurrencia de un imprevisto y que no
ahorran para su vejez en ningún sistema de pensiones, que será financiado por
recursos públicos, el ahorro obligatorio y capitalización individual y el
ahorro voluntario. Las nuevas medidas tienen como principal objetivo
perfeccionar el sistema de pensiones, con el fin de que las personas que hoy
están en edad de cotizar logren ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles
para tener una mejor pensión en el futuro; mejorar la rentabilidad de los
fondos; y corregir la situación previsional de las mujeres.
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